¿Asesinatos de Defensores en Petén: Un Impacto Profundo?

El entorno de Petén y su relevancia estratégica

Petén, el departamento más grande de Guatemala, representa una vasta extensión de selvas tropicales, zonas de conservación y territorios con alta diversidad biológica y cultural. Limitando con Belice y México, su ubicación estratégica lo convierte en un punto crucial para la protección de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que allí habitan. Sin embargo, este territorio, lejos de ser únicamente un pulmón verde, se ha transformado en escenario de conflictos por el uso de la tierra, la extracción de recursos y los proyectos de desarrollo impulsados sin la consulta adecuada a sus habitantes históricos.

Los defensores: figuras esenciales en la salvaguarda de Petén

Los defensores y defensoras del territorio en Petén son personas que, desde diversas comunidades y organizaciones, han asumido la tarea de resguardar la naturaleza, los bienes comunes y los derechos humanos. Estas figuras incluyen líderes indígenas, campesinos, activistas ambientales y miembros de organizaciones religiosas y sociales. Su labor no se limita a la resistencia frente a megaproyectos extractivos o agroindustriales, sino que abarca la vigilancia comunitaria, la denuncia de delitos ambientales, la educación para el respeto ambiental y la mediación ante conflictos territoriales.

La problemática de los homicidios: datos y evoluciones

Durante las dos últimas décadas, diversos reportes de entidades nacionales e internacionales, entre ellas Global Witness y UDEFEGUA, han señalado un incremento de ataques mortales contra defensores en Guatemala, con Petén como uno de los departamentos más golpeados. De acuerdo con UDEFEGUA, entre 2015 y 2022 se registraron más de 140 agresiones contra defensores en Petén, que abarcan amenazas, actos de intimidación, procesos judiciales y asesinatos. Los informes más recientes relacionan estos episodios de violencia con disputas por concesiones forestales, actividades ganaderas, narcotráfico y proyectos vinculados con la palma africana y la explotación minera.

Impactos sociales: el tejido comunitario en riesgo

El asesinato de un defensor tiene consecuencias que trascienden a la víctima directa. Cuando líderes locales son eliminados, la comunidad experimenta un clima de miedo, desconfianza y autocensura. Muchas familias optan por el desplazamiento forzado ante el temor de represalias, lo que debilita aún más la cohesión social y genera rupturas en los procesos organizativos colectivos. Ejemplos como el caso de la comunidad Laguna del Tigre y las amenazas sufridas por los integrantes de la Asociación de Comunidades Forestales del Petén ejemplifican cómo estos crímenes provocan vacíos de liderazgo, fragmentación y pérdida de identidad en las bases comunitarias.

Impactos ambientales: el retroceso en la conservación

Uno de los efectos más alarmantes es la rápida degradación de las áreas protegidas y de las reservas naturales, donde, tras el asesinato de defensores, se han registrado aumentos en la tala ilícita, el avance de la ganadería y el comercio ilegal de fauna. La falta de vigilancia comunitaria vuelve el territorio más frágil frente a los intereses empresariales ilegales y a las redes criminales. Un estudio de la Universidad del Valle de Guatemala indicó que, en los lugares donde los defensores han sido atacados, la tasa de tala ilegal se triplica, afectando de manera directa la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Impactos legales y efectos en las instituciones

El elevado nivel de impunidad representa otro efecto significativo, pues los ataques contra defensores casi nunca se aclaran. La Fiscalía de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos admite que menos del 10% de los homicidios alcanza la etapa de juicio, frecuentemente debido a la escasez de pruebas, el miedo de los testigos y prácticas de corrupción institucional. Esta falta de consecuencias favorece el avance de actores armados y de empresas que obtienen ventajas al suprimir resistencias. Asimismo, el acoso judicial o “criminalización” constituye un recurso adicional de presión que debilita la seguridad y la legitimidad de quienes protegen derechos, ampliando la brecha de desconfianza entre la sociedad civil y el Estado.

Impactos económicos: crecimiento y marginación

En una paradoja evidente, los defensores asesinados suelen oponerse a iniciativas que aparentan ofrecer progreso económico para la región; sin embargo, tras su desaparición, el modelo extractivista que se afianza distribuye la riqueza en manos de unos pocos y excluye a las comunidades del desarrollo. Estas comunidades dejan pasar oportunidades para fortalecer opciones sostenibles, como el ecoturismo o la forestería comunitaria, y terminan enfrentándose a una pobreza más profunda, a restricciones en el acceso a servicios esenciales y a una creciente dependencia de trabajos inestables vinculados a actividades extractivas.

Propuestas y desafíos para transformar la realidad

Diversos informes subrayan la necesidad de reforzar la protección real de quienes defienden derechos, impulsar marcos legales precisos y garantizar el respeto al derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. Igualmente, resulta clave consolidar los mecanismos comunitarios de autoprotección, brindar apoyo psicosocial a víctimas y allegados, y exigir que las investigaciones judiciales se desarrollen con transparencia y eficacia. Además, la creciente exposición internacional del problema ha generado cierto efecto favorable, motivando a entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares, aunque los avances continúen siendo limitados.

Construyendo futuro desde la resistencia y la memoria

El asesinato de defensores en Petén representa una amenaza multidimensional, con efectos devastadores sobre la democracia, el ambiente y la dignidad de las comunidades. Sin embargo, cada pérdida ha generado reafirmación en la lucha por la justicia y la defensa del territorio. La memoria de quienes han caído se convierte, para muchas comunidades, en un llamado a fortalecer la vigilancia colectiva y renovar estrategias solidarias frente a los retos que impone la violencia estructural. El futuro de Petén, su selva y sus pueblos está íntimamente ligado a la supervivencia y fortalecimiento de quienes día a día ponen en riesgo su vida por el bienestar colectivo.

Por Adabella Peralta

Puede interesarte