Barcos-prisiones y cárceles ‘modelo Bukele’ en Ecuador, un plan de seguridad a la deriva

La compra de barcos prisiones para ubicar a los líderes de las bandas que operan en los centros penitenciarios del país a 80 millas en el Pacífico fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, que ya ha dicho que ha visto tres barcazas que podrían llegar a Ecuador dentro de siete u ocho meses. Aunque esta fue la medida de seguridad más anunciada durante su campaña, ahora reconoce que no es la solución a la grave situación que atraviesa el país. “Son una medida complementaria y provisional para segmentar y para sacar a los presos que son amenazas reales a la seguridad ciudadana y del país y mantenerlos aislados hasta que se terminen de construir las cárceles de máxima y super máxima seguridad”, dijo Noboa a inicios de diciembre. Solo unos días después, se hizo un nuevo anuncio: en enero se empezarán a construir dos cárceles de máxima y super máxima seguridad como las que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador.

A dos meses de la llegada de Noboa al poder, con unos niveles históricos de inseguridad que alcanzan los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, la política de seguridad y penitenciaria a la que ha llamado Plan Fénix se ha conocido a cuentagotas, a través de las pocas entrevistas que el mandatario ha dado a algunos medios de comunicación. EL PAÍS solicitó desde el 11 de diciembre una entrevista con un representante del Ministerio de Gobierno y no fue concedida.

Que el Estado tome el control de las cárceles, donde hay 31.300 personas presas, es parte de las estrategias de seguridad que los últimos tres gobiernos han prometido sin éxito. Hasta ahora no se ha podido romper el nexo directo que hay entre las cárceles y la violencia que cada día se recrudece en las calles. Desde ahí los cabecillas de las bandas criminales dirigen y ordenan sicariatos, atentados, extorsiones y mueven la logística para el tráfico de drogas, bajo la protección del Estado, que es responsable de los centros penitenciarios del país que están custodiados por policías, militares y civiles. Un ejemplo de ello es el crimen del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, que se ordenó desde la cárcel de Cotopaxi, según las primeras investigaciones de la Policía. Desde la Penitenciaría del Litoral también salió la orden para ejecutar una ola de atentados con bombas de forma simultánea que hicieron vivir 24 horas de terror en Guayaquil en noviembre de 2022.

En los centros penitenciarios también se mueven los hilos de corrupción del sistema judicial para que jueces y fiscales fallen a favor de algunos presos que buscan beneficios como elegir la cárcel donde quieren estar, ingresar armas, drogas, equipos de comunicación, gimnasio y hasta gallos de pelea.

El propósito de las barcazas-cárceles, según el Gobierno, es separar a los cabecillas de las bandas criminales que operan en los centros penitenciarios y aislarlos de cualquier insumo de comunicación que actualmente utilizan libremente en las cárceles del país. Los barcos-prisiones que ha visto el Gobierno de Noboa tienen capacidad de albergar hasta 400 personas y costarían unos ocho millones de dólares. “Una barcaza puede llegar en siete u ocho meses, dependiendo de qué tan lejos esté. Muchas de las barcazas no están operativas o no son autónomas, tienen que ser arrastradas por otro barco”, explicó el mandatario, que señaló que las que están identificadas son las de Australia, Reino Unido y otra que está en Estados Unidos.

Para el analista en seguridad Luis Carlos Córdova, el anuncio de traer cárceles barcazas “es otra medida parche al serio problema de inseguridad del país”. El Gobierno de Noboa, dice, “no tiene claro cómo llevar a la práctica muchas de las ideas que durante la campaña formuló”. Además, para que operen estas cárceles se deberían hacer cambios legales, como “crear un sistema de estado de excepción permanente que es exactamente lo que tiene en El Salvador con el modelo de Bukele, y que ha permitido vulnerar todo tipo de garantías de derechos humanos para los que llegan a ser detenidos”, explica Córdova.

Pero antes de que lleguen las barcazas, se supone que ya estarían listas dos cárceles de máxima y super máxima seguridad, como la del “Centro de Confinamiento del Terrorismo” que inauguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en febrero de 2023. “Ya hemos finalizado las conversaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador y México y con eso pondremos la primera piedra en enero”, dijo Noboa en una de sus últimas intervenciones. Las primeras dos cárceles deberían estar en 200 días máximo, según el cronograma del Gobierno, sin especificar cuánto costarán ni dónde se construirán.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio otros detalles en el canal Ecuavisa de cómo serían esas dos cárceles que aseguró que tendrían “super-mega seguridad” en tecnología, y no necesariamente en cuanto a su tamaño. La norma técnica, según Palencia, establece que una cárcel de suprema seguridad no puede pasar de 35 personas. “Vamos a tener dos cárceles específicas y otras de máxima seguridad”, añadió. Será igual a la de El Salvador porque el Gobierno se ha asegurado de que sea “la misma gente, los mismos diseñadores, la misma compañía”. “Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de máxima y supermax y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no lo inventó Bukele, sino que vino de México, y antes de ahí lo lograron en Tailandia, en Singapur. Después fue México, El Salvador y ahora lo tendría Ecuador”, dijo Noboa.

Ecuador ya tiene una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, que está dentro del complejo de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que permaneció cerrada durante seis años y reformada en 2022 para mantener aislados a los cabecillas de las bandas criminales. El problema, por tanto, no es solo de infraestructura, sino de cómo el crimen organizado está incrustado en el sistema judicial. La evidencia de eso fue cómo alias Fito, de la banda criminal Los Choneros, quien fue trasladado a La Roca, no estuvo más de un mes allí porque un juez ordenó que lo regresaran a su fortaleza, la cárcel Regional donde ha permanecido con privilegios durante 10 años de encierro.

“El principal desafío es detener el tremendo grado de implicación de la criminalidad en las instituciones del Estado”, dice Córdova, “hoy en día sabemos por Fiscalía que hay generales de policías trabajando para distintas bandas criminales y es demasiada ingenuidad del Gobierno creer que van a solucionar el problema con más cárceles, cuando primero deberían hacer una política que revise los mecanismos de control interno”, añade.

Ecuador tiene 20 cárceles en todo su territorio, en las cuales albergan a 31.300 personas, aunque su capacidad es para 27.500, eso significa que hay un hacinamiento del 13%. Otro de los propósitos del Gobierno es disminuir el hacinamiento. Noboa dijo que mil extranjeros que están detenidos con sentencias en las cárceles califican para ser para ser expulsados del país inmediatamente.

“Si uno de los problemas de fondo es el hacinamiento, construir dos super cárceles para 35 personas cada una, ¿en qué soluciona el problema?”, refuta Fernando Bastidas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, quien añade que es una decisión antitécnica porque si esperan encerrar en esas cárceles a los cabecillas, “en la lógica del crimen organizado está demostrado que una vez que detienen a un líder, aparecen diez más”, añade.

Pero el secretismo alrededor del plan de seguridad del Gobierno ahonda en la incertidumbre de si se logrará controlar la violencia en el país donde los comercios deben pagar extorsiones para poder funcionar, donde las clases se interrumpen por las balaceras, y donde hay 21 crímenes cada día.

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