Brasil será el primer país del mundo en vacunar contra el dengue en la sanidad pública

Brasil será el primer país del mundo en vacunar de forma gratuita y a gran escala a su población contra el dengue, una de las enfermedades tropicales que transmite el mosquito Aedes Aegypti. La ministra de Salud, Nísia Trindade, lo anunció en sus redes sociales: “Incorporamos la vacuna del dengue al SUS [Sistema Único de Salud, la sanidad pública brasileña]. Brasil será el primer en ofrecerla en país con un sistema universal como el nuestro”, celebró.

El dengue provoca debilidad muscular, somnolencia, vómitos o diarrea, entre otros síntomas, y en sus variantes más graves puede provocar la muerte. El año pasado, en todo el continente americano se detectaron 2,8 millones de casos (la mayoría en Brasil, 2,3 millones), según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En lo que va de año, en Brasil la enfermedad provocó la muerte de 1.053 personas.

La vacuna aprobada por Brasil se llama Qdenga y es del laboratorio japonés Takeda Pharma. El medicamento ya fue aprobado por los países de la Unión Europea (UE), que lo recomiendan a los viajeros que vayan a visitar zonas de riesgo. Indonesia, Tailandia y Argentina también aprobaron la vacuna, pero hasta ahora ninguno la adoptó en el sistema público para usarla a gran escala.

Brasil ofrecerá 6,2 millones de dosis a lo largo de 2024. La campaña de vacunación arrancará en febrero, y se prevé proteger a 3,1 millones de brasileños, porque la vacuna se aplica en dos dosis. Está indicada para personas de entre 4 y 60 años, pero el ministerio es consciente de que la cantidad es insuficiente para toda la población expuesta. Por eso, en un primer momento se priorizarán algunos grupos de riesgo y regiones con más incidencia de la enfermedad.

La ministra de Salud remarcó que había voluntad para comprar más vacunas, pero el fabricante no tiene más capacidad de fabricación. Por eso, ahora se está negociando la transferencia de tecnología para que las vacunas puedan ser made in Brasil. El país cuenta con dos importantes centros de referencia: el Instituto Butantan en São Paulo y la Fundación Oswaldo Cruz en Río de Janeiro. Durante la pandemia del covid-19 de aquí salieron decenas de millones de vacunas. “Con esos dos laboratorios llegaremos a la escala que nuestro país y la población necesitan”, prometió la ministra.

La vacuna llega en un momento clave. En 2023, los casos de dengue en Brasil (sin contar el mes de diciembre) sobrepasaron los 1,6 millones, un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo del año pasado. El aumento de casos se explica, en gran medida, por el aumento de las temperaturas provocado por el fenómeno de El Niño, que favorece la reproducción del mosquito y lleva la enfermedad a regiones normalmente más templadas. Además, volvió a circular el dengue tipo 3, algo que no ocurría desde hace 15 años.

Además de las vacunas, el Gobierno se comprometió a reforzar la vigilancia ante la temporada de verano que ahora arranca. Invertirá 256 millones de reales (52,7 millones de dólares) para prevenir el dengue y las otras enfermedades provocadas por el Aedes Aegipty, como el zika y el chikungunya.

El fortalecimiento del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), uno de los modelos de más éxito de la sanidad pública de Brasil, es una de las prioridades de la actual administración, después del abandono del Gobierno de Jair Bolsonaro, que atravesó toda la pandemia del covid-19 poniendo en duda la seguridad y eficacia de las vacunas.

Esta misma semana, el diario Folha de São Paulo publicó que Brasil dejó 39 millones de dosis contra el covid-19 sin usar, y tuvieron que ser incineradas al perder su validez. Es casi el 5% del total de las que compró Brasil, un desperdicio de 1.400 millones de reales (más de 288 millones de dólares). Los especialistas atribuyen ese derroche a problemas de logística, la falta de una campaña más robusta de inmunización y a la propia propaganda del expresidente ultraderechista, que llegó a asociar la vacuna anticovid-19 al riesgo de desarrollar sida. Ahora, la Fiscalía investiga si la destrucción de las vacunas caducadas podría constituir un delito de malversación.

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