España en la UE: una presidencia con múltiples hitos empañada por el ruido político | Internacional

El histórico pacto migratorio, que pone las baldosas para una Europa cada vez más cerrada a los que llegan, pero muy loado por los Estados miembros. La reforma del mercado eléctrico golpeado por Rusia. El acuerdo político sobre reglas fiscales que deja atrás el rigor de la austeridad. Una regulación pionera sobre inteligencia artificial. Un ramillete de leyes ambientales —aunque algo diluidas— y sociales. La presidencia española del Consejo de la UE acaba este 31 de diciembre con un número récord de regulaciones y acuerdos políticos cerrados, en total 71. Aunque el número es elevado, el principal logro es la magnitud de lo acordado.

Dos acontecimientos internos (primero, el órdago de Pedro Sánchez de adelantar a julio las elecciones generales; después, la ley de amnistía en el marco de las largas negociaciones para formar Gobierno) han generado ruido en plena presidencia. Pese a todo, la batuta española en Bruselas ha sacado adelante regulaciones clave para el futuro de Europa en materia fiscal, social, medioambiental e incluso de ampliación europea, con la apertura de conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. La marea de fondo de las tensiones políticas en España ha opacado algunos de los momentos clave de este periodo, como la cumbre entre la UE y América Latina, la primera celebrada en ocho años. Los resultados de esta cumbre también han sufrido contratiempos externos. La oposición de Francia y Argentina no logró desencallar al final el ansiado acuerdo comercial con Mercosur, pendiente de ratificación desde 2019.

España ha aprovechado el semestre en el que le ha tocado desempeñar la presidencia rotatoria en la que se van turnando todos los países que integran el Consejo de la UE para mostrar su territorio, con 23 reuniones informales celebradas en 21 ciudades españolas. En las últimas semanas, el Ejecutivo pisó el acelerador con sesiones maratonianas y noches en vela en Bruselas y Estrasburgo que incluyen otro récord: el trílogo (negociación final entre Consejo y Parlamento junto con la Comisión) más largo de la historia, el de la inteligencia artificial, que duró más de 36 horas. “Ni cuando era joven trasnoché tanto”, bromea uno de los negociadores principales de España. La presidencia rotatoria ha podido cerrar así 71 acuerdos entre los dos colegisladores de la UE (el Consejo de la UE, órgano que preside España hasta este domingo, y el Parlamento Europeo).

Además del hito migratorio o el pacto energético, la UE ha logrado este semestre cerrar acuerdos estratégicos como la Ley de Materias Primas o la Ley para una Industria de Cero Emisiones, reforzar la libertad de prensa con la Ley anti-SLAPP y la responsabilidad corporativa en materia de medio ambiente y respeto de los derechos humanos en materia de diligencia debida, entre otros. La cifra de acuerdos dobla la alcanzada por Suecia, en el primer semestre, y mejora el trabajo —muy loado— de República Checa en el último semestre de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis energética pusieron a prueba la capacidad de trabajo y la cohesión de la UE.

A finales de 2018, en otra de esas “presidencias de oro”, como se conoce en el lenguaje bruselense a la última presidencia completa de mandato comunitario —la próxima, la belga, será más corta por las elecciones europeas, que se celebran en junio—, Austria sacó adelante 53 acuerdos entre el Consejo de la UE y el Parlamento. “Desde el punto de vista legislativo, ha sido una presidencia muy productiva, si bien con un poco de trampa porque hay temas que al ser final de legislatura llegaban muy maduros”, apunta Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, especializado en asuntos europeos. “En general, ha sido una buena presidencia, pero las grandes preguntas [sobre autonomía estratégica o reformas institucionales, entre otras] siguen sobre la mesa”, acotaba en una charla en Elcano el director ejecutivo del European Policy Center (EPC), Fabian Zuleeg.

Un pacto migratorio para blindar la UE

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Tras años congelado, y ya casi en tiempo de descuento, la presidencia española logró cerrar, en vísperas navideñas, el pacto migratorio, un paquete de cinco regulaciones que endurece las condiciones de entrada y acogida. La inmigración es uno de los asuntos más divisivos de la UE, pero la perspectiva de una subida de las posiciones ultras en las elecciones europeas de junio y el posible nuevo desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca, que podría dejar a Europa más aislada, han impulsado el acuerdo. El pacto marca todos los pasos de la gestión de los flujos migratorios, desde la llegada a territorio comunitario a su acogida o expulsión, e introduce por primera vez, de manera permanente, las controvertidas cuotas que obligan a todos los Estados miembros a asumir una parte de los solicitantes de asilo (o a pagar una cantidad a la cesta comunitaria en caso de que rechacen hacerlo).

Las organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el pacto y aseguran que vulnera los derechos de las personas migrantes y yerra el tiro en la gestión de la inmigración.

Cambios en el mercado eléctrico para estabilizar los precios

En la recta final hubo menos dificultades de las previstas en esta materia. El Parlamento y el Consejo de la UE, al que representa España, se pusieron de acuerdo en apenas un par de meses sobre esta reforma energética. El objetivo principal era dejar atrás las grandes oscilaciones en los precios de la luz sufridas durante la pasada crisis energética, para lo que ha buscado impulsar los contratos de suministro eléctrico a largo plazo a precios más predecibles. La norma también deja puertas abiertas a adoptar medidas extraordinarias ante situaciones extraordinarias, como las que se han visto desde que se dispararon los precios dando más protección a los consumidores y permitiendo la intervención pública en los mercados llegado el caso. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, encontró muchos más problemas para casar la posición de Francia y Alemania, muy alejadas de partida.

El camino de los ajustes para el fin de las políticas expansivas

En 2024 se acabará la mayor flexibilidad para el gasto público. Con la llegada de la pandemia se suspendieron las reglas fiscales para que los Estados pudieran echar mano del presupuesto para amortiguar el golpe. Y cuando Bruselas empezaba a pensar en volver a aplicarlas, Rusia invadió Ucrania. En este paréntesis, la UE ha aprovechado para intentar cambiar unas normas ya reformadas durante la crisis financiera que en estos años se han demostrado complejas e imposibles de cumplir y, por esto último precisamente, poco creíbles. Pero de nuevo había mucha distancia entre París y Berlín, aunque la Comisión esta vez estaba claramente del lado francés. Atraer a Alemania al pacto ha costado muchas concesiones que han convertido el acuerdo a 27 en algo bastante más rígido fiscalmente de lo planteado en principio por Bruselas y mucho más difícil de entender. Sumar al ministro de Finanzas germano, Christian Lindner, ha retrasado los plazos. El acuerdo entre Estados se logró en una reunión extraordinaria al final del semestre. La negociación con el Parlamento no ha podido empezar y eso ya le va a corresponder a Bélgica. Aunque como en el caso de la reforma eléctrica, todo apunta a que será mucho más rápido el acuerdo entre los dos colegisladores de la Unión que en el del Consejo de la UE.

Europa, a la vanguardia de la legislación de nuevas tecnologías

Los rostros cansados y ojerosos lo decían todo. Pero, también, las sonrisas. En una de las negociaciones más largas que se recuerdan en Bruselas —casi 37 horas—, el Consejo y la Eurocámara lograron, también en diciembre, cerrar la primera ley del mundo que regulará la inteligencia artificial de forma integral, otra de las prioridades fijadas por España para su presidencia, como recordó Pedro Sánchez durante su balance parlamentario de la gestión española ante la UE este semestre. Por momentos, las posiciones de los Estados y el Parlamento Europeo, muy divididos sobre qué constituye un riesgo en este campo todavía tan desconocido y cómo garantizar los derechos y libertades fundamentales ciudadanos sin mermar la competitividad europea, parecieron incompatibles. Pero la entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, decidió continuar, con solo una pausa en casi tres días, unas negociaciones de “ultramaratón”, como dijo el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Si el reglamento es ratificado en las próximas semanas o meses, la UE será pionera en el control sobre todo de los modelos de IA de propósito general (la IA generativa o modelos fundacionales), como la base del ChatGPT, con unas normas que sus negociadores aseguran mantienen el difícil equilibrio de no ahuyentar a las compañías del sector sin, por ello, perjudicar a los derechos fundamentales. Principalmente se logra gracias a la prohibición amplia —salvo excepciones limitadas y controladas— del uso de sistemas de vigilancia biométrica.

Un duro pulso con la derecha por la primera gran ley de biodiversidad

España asumió la presidencia de turno de la UE con la prioridad de “avanzar hacia la transición ecológica y la adaptación medioambiental a esta emergencia climática ya existente”. Pero al recoger la batuta de la presidencia sueca en julio, heredó uno de los pulsos políticos más duros de esta legislatura entre la derecha europea y los grupos de centro-izquierda, con la primera gran legislación sobre biodiversidad en la historia de la UE como telón de fondo, de la que la disputa por los regadíos ilegales de Doñana fue un aperitivo. Pocas normas han estado en los últimos tiempos más politizadas que la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca restaurar para 2030 al menos el 20% de las áreas terrestres y marítimas de la UE. Con las protestas del sector agrícola indicando un viraje electoral hacia posturas más radicales, el Partido Popular Europeo (PPE) dio un giro de 180 grados y llamó a tumbar la normativa que también rechazaba la ultraderecha, pese a que estaba avalada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la familia política conservadora europea. Tras unas votaciones de infarto en la Eurocámara, de donde salió una propuesta muy debilitada pero al menos viva, la presidencia española, de la mano de Ribera, apostó fuerte por sacar adelante la normativa, para la que se logró un acuerdo político provisional (aún por ratificar por los Veintisiete y la Eurocámara) en noviembre.

Muestra de que el medio ambiente se ha convertido en uno de los caballos de batalla de cara a las elecciones europeas de junio, donde se espera un fuerte avance de la ultraderecha (y las corrientes negacionistas climáticas) es la decisión de Von der Leyen de hacer lo que ha sido ampliamente considerado un guiño a las fuerzas conservadoras que tratan de hacerse con el voto rural: ha propuesto rebajar la calificación del lobo de “estrictamente protegido” a “protegido”, con el objetivo de flexibilizar la gestión de las poblaciones de la especie en Europa y, por lo tanto, su caza.

Una ley europea contra la violencia machista, la asignatura pendiente

Entre tanto hito, un tropiezo. España está considerada de forma casi unánime como uno de los países más avanzados en materia de protección legal de las mujeres ante la violencia machista. La UE trabaja para adaptar su legislación en este ámbito y la llegada de España a la presidencia rotatoria europea dio a muchos esperanzas de que la normativa pudiera ser cerrada de una vez. El propio Gobierno español lo había fijado como una de sus prioridades. Pero no ha podido ser. La férrea negativa sobre todo de dos Estados clave, Francia y Alemania, a tipificar uniformemente en toda la UE el delito de violación en base al consentimiento, algo que la Eurocámara ha puesto como condición y que la Comisión también apoya, hizo que la última ronda de negociaciones bajo la presidencia española no lograra cerrar el acuerdo. Aunque Bélgica ya se ha comprometido a intentarlo a comienzos de año, el tiempo no corre a favor de una normativa que, si no es ratificada antes de abril, es muy probable que fracase, puesto que se espera que el Parlamento Europeo que resulte de las elecciones de junio estará más virado hacia la derecha y hasta la ultraderecha, donde están los más reacios a legislar en materia de violencia de género, concepto que incluso muchos ultras rechazan.

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