La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles que el Gobierno federal mantiene una postura firme en contra de la pena de muerte, sin excepción por la naturaleza del delito o la persona involucrada. La declaración ocurre en el contexto de las recientes decisiones judiciales en Estados Unidos, donde se determinó no solicitar la pena capital contra los presuntos narcotraficantes mexicanos Ismael «el Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria precisó que esta posición responde a una convicción jurídica y ética arraigada en la legislación mexicana. “No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, señaló, remarcando que esta postura es parte de la política nacional, no de un criterio personal.
Estados Unidos descarta aplicar la pena capital
La resolución del Ministerio Público estadounidense fue informada al Tribunal del Distrito Este de Nueva York. En los documentos formales, el fiscal responsable comunicó a los magistrados y a las defensas pertinentes que la Fiscalía General de ese país ha decidido no solicitar la pena capital en los casos de ambos procesados. Esta decisión pone fin a semanas de especulaciones sobre la posible aplicación de esta medida drástica, en particular debido al perfil de los imputados y la severidad de las acusaciones que enfrentan.
Zambada y Caro Quintero han afirmado su inocencia en los juzgados de Estados Unidos. Zambada tiene 17 imputaciones, entre ellas tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y posesión de armas. Por otro lado, Caro Quintero es acusado de narcotráfico y del asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, que tuvo lugar en 1985.
Procedimiento de traslado sin extradición oficial
Ambos acusados se encuentran bajo custodia en Estados Unidos, pero sin haber sido extraditados formalmente a través del tratado vigente entre ambas naciones. Zambada fue arrestado en Texas el 25 de julio del año pasado, tras ser supuestamente engañado para abordar un vuelo a territorio estadounidense. En septiembre se presentó ante el tribunal y se declaró inocente.
En el caso de Caro Quintero, su traslado ocurrió en febrero, junto con otros 28 presuntos delincuentes. El envío fue realizado por el Gobierno de México bajo una disposición de la ley de seguridad nacional, que permite expulsiones sin pasar por un proceso formal de extradición. Este procedimiento generó dudas respecto a si la pena de muerte podría ser aplicada en ausencia del condicionante legal que impide a México extraditar a ciudadanos a países donde podrían enfrentar tal castigo.
Principio de reciprocidad y respeto a tratados internacionales
Sheinbaum recordó que, en los acuerdos internacionales que regulan la extradición de ciudadanos mexicanos, uno de los requisitos es que no se les imponga la pena capital en el país receptor. Este principio de reciprocidad se ha mantenido constante en la política exterior mexicana, respaldado por la Constitución y tratados multilaterales.
El posicionamiento del Gobierno no solo responde a un principio legal, sino también a una visión de derechos humanos ampliamente aceptada dentro del marco jurídico nacional. México ha abolido la pena de muerte desde hace décadas, y su legislación impide colaborar con procedimientos que podrían derivar en su aplicación.
Implicaciones diplomáticas y jurídicas
La determinación de Estados Unidos de honrar esta directriz en asuntos de alto perfil como los de Zambada y Caro Quintero fortalece los acuerdos bilaterales en temas de cooperación judicial. A pesar de que ambos asuntos siguen en progreso, la eliminación de la pena capital elimina un factor de tensión que podría haber generado repercusiones diplomáticas entre los dos países.
Con este precedente, se consolidan mecanismos de entendimiento entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el tratamiento de delitos trasnacionales, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La posición de México marca un límite claro respecto a su participación en procesos judiciales internacionales, asegurando que sus ciudadanos, sin importar el delito, sean tratados bajo estándares compatibles con sus leyes y valores constitucionales.
Panorama judicial en evolución
Ambos asuntos siguen captando interés en la escena pública y legal. La observación de los procedimientos judiciales en Estados Unidos definirá el desarrollo de las imputaciones y las posibles sanciones, mientras que en México persiste el compromiso de asegurar el respeto a los principios legales que guían su política exterior.
La negación categórica de la pena capital por parte del Gobierno mexicano se mantiene firme como una política de Estado, al margen de la presión de los medios de comunicación, la severidad de los crímenes o el historial de los imputados. La consistencia en esta actitud fortalece el compromiso de México con un sistema judicial enfocado en los derechos humanos, aun en los casos más complejos.
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