Japón ha experimentado su mayor caída demográfica desde que existen registros oficiales, al perder casi un millón de habitantes durante 2024. La diferencia entre nacimientos y muertes alcanzó cifras históricas, reflejando el avance de una crisis demográfica que, año tras año, continúa agravando los desafíos sociales y económicos del país.
De acuerdo con los datos más actuales del Ministerio del Interior y Comunicaciones, la cantidad de habitantes en Japón disminuyó en 908.574 individuos en el último año. La cifra total de nacimientos bajó a 686.061, el registro más bajo desde que comenzaron los registros en 1899, mientras que los fallecimientos superaron los 1,6 millones de personas. Por cada bebé nacido, murieron más de dos personas, una estadística que destaca la gravedad del problema.
Envejecimiento acelerado y baja natalidad
La disminución demográfica no es algo reciente para Japón, ya que el país ha experimentado dieciséis años seguidos de baja en su población. En la actualidad, el número total de habitantes en el país es de aproximadamente 124,3 millones, lo que supone un 0,44% menos que el año anterior.
Uno de los aspectos principales en esta tendencia es el rápido envejecimiento de la población. Los individuos mayores de 65 años comprenden casi el 30% de la población total del país, el segundo porcentaje más alto a nivel mundial. Mientras tanto, la población en edad de trabajar, que tiene entre 15 y 64 años, ha caído al 60%, disminuyendo de manera significativa la base activa que apoya los sistemas de salud y jubilación.
La cantidad de hijos por mujer a lo largo de su vida se ha mantenido significativamente por debajo del nivel necesario para el reemplazo desde los años 70. Aunque hay numerosos programas gubernamentales destinados a impulsar la natalidad, los logros han sido escasos.
Políticas públicas y barreras estructurales
Ante esta situación, el primer ministro Shigeru Ishiba ha calificado la crisis demográfica como una “emergencia silenciosa”. Su administración ha prometido intensificar las políticas favorables a la familia, entre ellas la expansión de guarderías gratuitas, la implementación de horarios laborales flexibles y nuevos subsidios a la vivienda.
No obstante, estas iniciativas se encuentran con barreras estructurales que complican su efectividad. El alto costo de vida, los sueldos que no suben y una cultura corporativa que prioriza largas horas de trabajo desmotivan la creación de familias. Asimismo, las mujeres todavía enfrentan presiones sociales que las identifican como las principales responsables del cuidado, con poco respaldo institucional, lo cual lleva a retrasar o dejar de lado la idea de ser madres.
Las medidas aplicadas hasta ahora no han sido suficientes para alterar una trayectoria que apunta a una disminución continua y acelerada de la población japonesa.
La inmigración: una alternativa limitada y delicada políticamente
A diferencia de otras economías desarrolladas, Japón ha mantenido durante décadas una política migratoria restrictiva. No obstante, el crecimiento de la escasez de mano de obra ha llevado al gobierno a introducir programas temporales, como visas para nómadas digitales y planes de capacitación para trabajadores extranjeros.
Hoy en día, el total de habitantes extranjeros en el país es de 3,6 millones, lo que equivale aproximadamente al 3% de toda la población. Aunque este número es un récord histórico, la influencia de la inmigración en la composición demográfica del país continúa siendo restringida.
A nivel político, el tema migratorio continúa siendo objeto de debate. La sociedad japonesa, en gran parte conservadora, aún muestra reticencias hacia una apertura migratoria más amplia, a pesar de las señales de necesidad que plantea el mercado laboral y el envejecimiento poblacional.
Consecuencias visibles en el tejido urbano y rural
El descenso demográfico ya se observa en varios aspectos de la vida diaria en Japón. De acuerdo con datos oficiales, cerca de cuatro millones de casas han quedado desocupadas en los últimos veinte años, particularmente en áreas rurales. Muchos pueblos y aldeas están afrontando la pérdida de población, con servicios públicos disminuidos y economías locales en deterioro.
Esta despoblación amenaza la sostenibilidad de comunidades enteras, generando un efecto dominó sobre la infraestructura, la educación y el acceso a servicios médicos. En las áreas urbanas, aunque el impacto es menos visible, se proyectan efectos a mediano plazo en la oferta de empleo, el consumo interno y la viabilidad fiscal del sistema de bienestar.
Un desafío a largo plazo sin soluciones inmediatas
La crisis demográfica de Japón no solo plantea retos sociales y económicos, sino que también pone a prueba la capacidad del país para adaptarse a un nuevo paradigma poblacional. Las soluciones estructurales requerirán cambios culturales profundos, reformas en el mercado laboral y una redefinición del rol de la inmigración en la sociedad japonesa.
Aunque las acciones presentes intentan reducir los efectos del envejecimiento y la baja natalidad, la información muestra una situación persistente que no parece cambiar a corto plazo. En este escenario, la urgencia de desarrollar un plan a largo plazo es cada vez mayor para asegurar la sostenibilidad de un país que enfrenta, de manera silenciosa, uno de los retos más grandes de su historia contemporánea.