La política guatemalteca atraviesa una etapa crítica caracterizada por un fenómeno cada vez más visible: la judicialización del Ejecutivo. Este proceso, en el que las decisiones y competencias del poder ejecutivo son constantemente sometidas a la revisión o injerencia de órganos judiciales, genera debates intensos en la academia, la sociedad civil y los actores internacionales. Para comprender por qué este fenómeno suscita inquietud, es fundamental analizar sus causas, manifestaciones y consecuencias concretas, así como su impacto en la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho.
Contexto político e histórico de Guatemala
Guatemala tiene un historial político caracterizado por tensiones continuas entre los tres poderes del Estado. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, se anticipaba un fortalecimiento del sistema democrático y la consolidación de instituciones independientes. No obstante, elementos como la corrupción, el crimen organizado, la fragilidad del sistema judicial y la inestabilidad política han impedido el desarrollo institucional pleno.
En los años recientes, particularmente desde 2015 con la crisis que resultó en la dimisión del presidente Otto Pérez Molina tras pesquisas judiciales promovidas por la CICIG, la nación ha experimentado un considerable incremento en el papel destacado del poder judicial frente a las acciones del Ejecutivo. Este ascenso, aunque en ocasiones apoyado por grupos sociales que buscan erradicar la impunidad, también suscita preocupaciones sobre la politización y el uso instrumental de la justicia.
Manifestaciones recientes de judicialización
El camino hacia la judicialización no se limita exclusivamente a situaciones excepcionales de corrupción de alto nivel. Durante el año 2023 y principios de 2024, se han interpuesto numerosos recursos legales que han detenido o modificado decisiones de políticas públicas, designaciones en posiciones importantes, procesos de cambio de gobierno e incluso la validez electoral.
Por ejemplo, tras las elecciones generales de 2023, distintos actores promovieron amparos y acciones constitucionales que pusieron en entredicho los resultados y obstaculizaron la certificación de autoridades electas. Como resultado, la transición del Ejecutivo enfrentó incertidumbre prolongada, afectando la gobernabilidad y el ambiente de inversión.
Otro caso relevante lo constituye la intervención de la Corte de Constitucionalidad y distintas salas de la Corte Suprema de Justicia en decisiones administrativas sobre presupuesto, política exterior y designaciones ministeriales, lo cual ha generado una percepción de judicialización excesiva que afecta la operatividad del gobierno.
Razones estructurales de inquietud
La principal inquietud se centra en que la intervención judicial del Ejecutivo podría llevar al debilitamiento de la división de poderes, un principio esencial en toda democracia. Aunque la supervisión judicial de las decisiones del gobierno es un recurso legítimo y necesario para prevenir abusos, su empleo desmesurado o con fines políticos puede tener efectos negativos.
Entre las causas estructurales de esta preocupación destacan:
1. Inseguridad jurídica: Cuando cualquier decisión ejecutiva relevante puede ser bloqueada o revertida mediante recursos judiciales, se genera un clima de incertidumbre e imprevisibilidad normativa. Esto afecta negativamente la inversión, la ejecución de obras públicas y la eficiencia administrativa.
2. Uso político de la justicia: Hay muchos casos donde los políticos usan el sistema judicial como un medio para bloquear a sus oponentes o para buscar inmunidad. El manejo táctico de amparos y denuncias resulta en la obstrucción de la acción pública.
3. Impresión de parcialidad en el sistema legal: Varios análisis llevados a cabo por entidades internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso y la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalan la carencia de autonomía y la sujeción del sistema legal a las influencias de partidos políticos o intereses económicos.
4. Desgaste institucional: La intervención judicial reiterada en asuntos ejecutivos genera desgaste y descrédito tanto del Ejecutivo como del propio poder judicial, debilitando el respeto ciudadano por las instituciones y el Estado de Derecho.
Implicaciones para la gobernabilidad y el desarrollo nacional
El efecto más visible de la judicialización extrema del Ejecutivo en Guatemala es la fragilidad de la gobernabilidad. El Ejecutivo enfrenta trabas constantes para implementar políticas públicas, ejecutar presupuestos y dar respuesta a demandas sociales urgentes, como en los sectores de salud, educación, seguridad y desarrollo rural.
A nivel mundial, este fenómeno influye directamente en la colaboración y en la evaluación del país por parte de entidades multilaterales. Guatemala, examinada de cerca por la Organización de Estados Americanos y delegaciones diplomáticas, ha sido mencionada como un caso que representa amenazas para la estabilidad de la región si no se mantiene el respeto a la institucionalidad.
De igual manera, la comunidad civil y los sectores económicos indican que la falta de certeza impide los procesos de inversión y provoca la salida de capital y talento, acentuando la desigualdad y la migración.
Propuestas y alternativas para preservar la institucionalidad
Ante el reto de la judicialización, se han planteado diversas vías para equilibrar el necesario control judicial con la autonomía del poder ejecutivo. Entre las propuestas más discutidas destacan:
– Fortalecimiento del sistema de justicia: Garantizar la independencia, transparencia y profesionalización de jueces y magistrados, protegerlos de presiones externas y asegurar el acceso expedito para la población.
– Cambios en la Constitución: Evaluar y definir claramente cómo se reparten las responsabilidades y hasta dónde pueden intervenir los diferentes poderes, además de establecer los controles y métodos para manejar los recursos legales y prevenir su uso inadecuado.
– Promoción del diálogo interinstitucional: Fomentar el diálogo respetuoso y la coordinación entre los poderes del Estado, con mecanismos de consulta y resolución de controversias que privilegien el interés nacional sobre intereses sectarios.
– Formación cívica y participación de la ciudadanía: Fomentar la supervisión y vigilancia social para demandar responsabilidad, transparencia y ética, tanto del Ejecutivo como del Judicial.
La judicialización del Ejecutivo en Guatemala refleja tensiones arraigadas de un sistema institucional todavía en proceso de fortalecimiento. Si bien la intervención del poder judicial es crucial para evitar abusos y garantizar la legalidad, su empleo desmesurado puede volverlo herramienta de parálisis, confrontación o manipulación. Superar este desafío exige fortalecer la independencia y credibilidad de la justicia, revalorizar la separación de poderes y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones. Sólo así Guatemala podrá avanzar hacia una democracia más sólida y equitativa, capaz de responder a los desafíos actuales y generar condiciones para el desarrollo sostenible.
