La prórroga indefinida del mandato del Tribunal Constitucional abre una crisis política en Bolivia | Internacional

La sociedad boliviana se opone a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, TCP, de aprobar la prórroga indefinida de su propio mandato y del de los otros tribunales judiciales del país, que debían funcionar hasta el 31 de diciembre. Esta decisión se debe al atraso de las elecciones judiciales que estaban programadas para este año, pero el propio TCP contribuyó al mismo, al declarar inconstitucionales varias leyes aprobadas por el Parlamento para convocar las elecciones. Bolivia es el único país latinoamericano que elige a sus principales magistrados por voto popular.

“Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades”, señala la sentencia 0049/2023 del TCP. El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió la intervención del Constitucional para resolver el problema que enfrentaba el país por la falta de elecciones judiciales este año, que iba a dejar un vacío en el Poder Judicial a partir del 1 de enero de 2024.

Para la oposición, en cambio, Lima y las autoridades judiciales operaron en común acuerdo para impedir las elecciones, ya que buscaban esta prórroga. El Gobierno lo hizo, según la oposición, porque no cuenta con la mayoría necesaria en el Parlamento para elaborar una lista de candidatos que conserve su influencia sobre los tribunales de justicia. Y los magistrados, para mantenerse en sus puestos por un tiempo cuya duración es impredecible, ya que la Asamblea Legislativa parece incapaz de convocar a elecciones de manera unitaria y carece de la fuerza necesaria para vencer en el conflicto de poderes que libra con el TCP.

El origen del problema se remonta a la división del hegemónico Movimiento al Socialismo, MAS, en dos facciones, y por tanto en dos bancadas parlamentarias: una que apoya al presidente Luis Arce y otra que sigue al líder histórico del partido, Evo Morales. Con la pelea, se hizo imposible que el oficialismo logre los dos tercios de votos legislativos que necesita para llevar adelante unas elecciones judiciales a su medida.

El expresidente y líder opositor Carlos Mesa posteó en X (antes Twitter) que el TCP le dio “un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución” y pidió que “el Poder Legislativo abra un juicio de responsabilidades contra los autores de este verdadero atentado”. También otros grupos opositores, inclusive el ala “evista” del MAS, quieren que el Parlamento enjuicie a los miembros del Constitucional. Una primera iniciativa para hacerlo naufragó, según informaron sus promotores, por la falta de apoyo de los parlamentarios del Gobierno. “A partir del 2 de enero tendremos un órgano judicial y un TCP de facto”, escribió Morales en una red social.

Pese al gran rechazo político, lo más probable es que la sentencia del TCP se imponga. Según algunos juristas, las decisiones que los magistrados tomen después del agotamiento de su mandato constitucional podrían ser consideradas ilegítimas por los litigantes, pero la posibilidad de presentar recursos contra estas autoridades dependerá de la correlación de fuerzas políticas, que solo se alterará con las elecciones presidenciales de 2025. Las autoridades de los organismos judiciales y algunos colegios de abogados han apoyado el veredicto del TCP.

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Bolivia solía organizar las elecciones de los magistrados judiciales cada seis años. La medida fue adoptada por la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución aprobada en 2009, entre otras razones, para despolitizar el sistema judicial. Aunque los políticos no tomaban la última decisión sobre la designación de los magistrados, sí imponían sus candidatos en la lista que debe elaborar el Parlamento para, luego, someterla al voto popular. O al menos podían hacerlo cuando el MAS estaba unido y contaba con lo que se necesita para confeccionar esta lista: dos tercios de votos en el Legislativo. Así ocurrió en las dos elecciones que hubo en 2011 y en 2017.

Actualmente, la selección de los candidatos se ha tornado impredecible, ya que ninguna organización política puede reunir por sí misma una mayoría tan importante. Una alianza de las distintas organizaciones opositoras y el “evismo” para reunir dos tercios y dejar al oficialismo fuera del Poder Judicial se ha vuelto posible en el escenario actual. Antes era considerada inconcebible por las diferencias ideológicas entre estos partidos. En realidad, ya se materializó para la aprobación en el Senado del proyecto de la ley de convocatoria a las elecciones. En esta cámara, donde el “evismo” es más fuerte que el “arcismo”, el proyecto del ley logró dos tercios de los votos gracias al frente común entre los adherentes del expresidente y la oposición “tradicional”. Pero el oficialismo, en alianza implícita con los magistrados, impidió con recursos judiciales que este proyecto continuara su camino legislativo y se aprobara en la cámara de Diputados, donde los de Arce tienen más fuerza que el MAS opositor. El proyecto terminó en manos del TCP, que lo declaró inconstitucional en la misma sentencia en que prorrogó su mandato y los otros mandatos judiciales.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de la línea “evista”, recordó que ningún fallo judicial debe beneficiar a los jueces que lo emiten. En esta cámara se organizó una “comisión técnica” para impulsar un juicio contra los miembros del TCP.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, defendió a sus colegas de la ola de críticas. Declaró a la prensa que ninguna otra institución, excepto el TCP, podía tomar la decisión que el país necesitaba para garantizar que el sistema judicial siguiera funcionando, ya que la Asamblea Legislativa está prohibida de inmiscuirse en los asuntos de los otros poderes. En cambio, según explicó, el TCP no pertenece a ningún poder y entonces puede “controlar” a los existentes. Este “control” ha significado la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley del Senado y de otras dos iniciativas legislativas previas para viabilizar las elecciones judiciales. “El TCP ha minado el camino hacia las elecciones”, resumió el senador Rodríguez. Así, ayudó a crear las condiciones de posibilidad de la prórroga de los mandatos judiciales.

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