El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha respondido a las afirmaciones que asociaban al país con el concepto de «tercer país seguro» en el contexto de un reciente pacto con Estados Unidos. Según el canciller, dicho acuerdo no significa que Guatemala deba proporcionar asilo o refugio directo a migrantes detenidos en suelo estadounidense. El convenio, destacó, se enfoca en mecanismos de cooperación migratoria bajo ciertas condiciones humanitarias y considerando las capacidades del país.
La aclaración surge luego de que se conociera que Guatemala firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos, mediante el cual se compromete a recibir a ciertos migrantes considerados especialmente vulnerables. No obstante, las autoridades guatemaltecas fueron enfáticas en señalar que este instrumento no se traduce en la adopción de compromisos similares a los de un país que oficialmente actúa como receptor alternativo de solicitantes de asilo que buscan protección en EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que esta colaboración busca ofrecer apoyo temporal a grupos específicos, tales como mujeres gestantes, menores no acompañados, individuos con enfermedades críticas o víctimas de tráfico humano. Según el gobierno, es una medida específica con un enfoque humanitario, realizada en total cooperación con entidades internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Asimismo, se indicó que los migrantes que eventualmente lleguen a Guatemala bajo este esquema no permanecerán de forma indefinida, sino que serán sujetos a procesos de atención y protección que contemplen opciones como la reunificación familiar, el traslado a terceros países o el retorno asistido. La medida, por tanto, no busca establecer un sistema de refugio permanente, ni impone a Guatemala el rol de destino final para quienes soliciten asilo en Estados Unidos.
Desde Cancillería se insistió en que el país no cuenta con la infraestructura ni los recursos para asumir una carga migratoria de gran escala, y que cualquier iniciativa de este tipo será evaluada dentro del respeto a la soberanía nacional, la capacidad institucional y los tratados internacionales vigentes. El gobierno afirmó que el acuerdo responde más bien a una lógica de cooperación técnica y humanitaria, no a un rediseño de su política migratoria.
El tema ha generado reacciones divididas dentro del país. Diversos sectores sociales han expresado inquietud ante la posibilidad de que se repliquen esquemas aplicados en otros países de la región que han sido presionados para albergar migrantes bajo políticas migratorias restrictivas implementadas por Estados Unidos. Organizaciones de derechos humanos han pedido mayor transparencia sobre los términos del acuerdo, y han advertido sobre los riesgos de criminalización, desprotección y hacinamiento en albergues si no se garantiza una atención adecuada.
En contraste, los funcionarios de Guatemala subrayaron la importancia de sostener una comunicación continua con Estados Unidos en temas migratorios, considerando la cantidad significativa de compatriotas que buscan arribar a esa nación anualmente, y la relevancia estratégica de las remesas para la economía del país. Enfatizaron que cualquier iniciativa de colaboración necesitará soporte técnico y financiero, junto con la asistencia de agencias internacionales especializadas.
El Ejecutivo también informó sobre la formación de una comisión interinstitucional para supervisar el desarrollo del convenio y coordinar la asistencia a los migrantes que puedan ingresar al país de esta manera. Se espera que este grupo incluya a delegados de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud y Bienestar Social, así como a organismos internacionales de cooperación y representantes de la sociedad civil.
En este marco, Guatemala reafirma su respeto hacia los derechos humanos y su compromiso con una migración segura y ordenada, mientras fija límites claros respecto a sus responsabilidades en acuerdos internacionales, procurando evitar la imposición de convertirse en receptor principal de solicitudes de asilo que no pertenecen a su jurisdicción original.
